El Tribunal Constitucional ha aprobado el proyecto de ley que busca sistematizar los delitos económicos y medioambientales, conocidos popularmente como «delitos de cuello y corbata». La decisión se tomó sin realizar cambios en el texto original, desestimando los cuestionamientos presentados por el gremio empresarial.
La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) había cuestionado la creación de nuevas figuras de delito y la implementación de una justicia diferenciada para los gerentes y directivos de empresas. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha determinado que el proyecto es constitucional en todos los aspectos analizados, lo que ha permitido su aprobación sin modificaciones.
El último aspecto del proyecto que estaba pendiente de revisión era la extinción de la personalidad jurídica de distintas entidades en casos de crímenes agravados o reiteración delictiva. En la votación sobre esta norma, seis ministros del tribunal la declararon constitucional, con la salvedad de que las universidades estatales no están incluidas en esta medida. Por otro lado, dos magistrados la declararon inconstitucional.
Aunque las objeciones presentadas por la CPC no fueron analizadas debido a que no era una parte legitimada del proceso, se tomaron en cuenta y se agregaron al expediente. En cuanto a los parlamentarios, se determinó que sus críticas no tenían relevancia para el tema tratado.
Una vez que la sentencia sea publicada, la ley estará lista para ser promulgada en los mismos términos en que fue aprobada por el Congreso, luego del veto presentado por el Ejecutivo.
La ley ha sido objeto de críticas por parte del mundo empresarial, quienes argumentan que establece un estándar jurídico diferente para los directivos y gerentes de empresas en comparación con el resto de los ciudadanos. Asimismo, han cuestionado la creación de «figuras delictivas difusas» en este ámbito. Sin embargo, con la aprobación del Tribunal Constitucional, la ley será promulgada y entrará en vigencia próximamente.
