La embajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera, ha sido objeto de críticas transversales por parte de diversos sectores políticos, luego de que se revelara que presentó un proyecto para obtener fondos públicos y privados por cerca de cinco millones de dólares, sin seguir los procedimientos regulares establecidos por la Cancillería.
El proyecto, que involucra a la fundación del rey Carlos III y al estudio de arquitectura Zaha Hadid, consiste en la construcción de un mercado de maderas en la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, con el objetivo de restaurar los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado, basándose en los principios de la bioeconomía circular y la infraestructura de madera.
Según la carta que envió Herrera al gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, el 13 de junio pasado, el proyecto podría marcar un hito en la relación entre Chile y el Reino Unido, siendo una nueva forma de hacer diplomacia en la que primen los beneficios compartidos y el trabajo conjunto en apoyo directo a las comunidades.
Sin embargo, la iniciativa no contó con el respaldo ni la autorización de la Cancillería, que se enteró del proyecto en el marco del caso convenios, que investiga posibles irregularidades en las transferencias de fondos desde las seremías y las gobernaciones regionales a diversas fundaciones.
La Secretaría General de Política Exterior (SEGEN) le envió una dura advertencia a Herrera, señalándole que había cometido una serie de faltas administrativas y protocolares, como no informar previamente al ministerio, no solicitar los permisos correspondientes, no coordinar con las autoridades locales y no respetar los lineamientos estratégicos del gobierno.
Además, se cuestionó el rol que tuvo el biólogo marino y consultor ambiental Alberto Fuentes Larenas, quien habría colaborado con Herrera en el diseño del proyecto, sin tener ninguna vinculación formal con la embajada ni con el Estado chileno.
Desde el oficialismo y la oposición se han levantado voces que exigen la renuncia o el llamado a retiro de Herrera, acusándola de tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos y falta de transparencia. El senador Iván Moreira (UDI) calificó el hecho como “inédito” y “vergonzoso” y afirmó que «el sello del gobierno del presidente Boric es el tráfico de influencias y corrupción». Por su parte, el diputado Jorge Brito (RD) dijo que “es inaceptable que una embajadora esté haciendo gestiones para conseguir fondos públicos para un proyecto personal” y pidió que se aclare si hubo algún tipo de beneficio económico para ella o para terceros.
En tanto, desde el partido Federación Regionalista Verde Social (FRVS), al que pertenece Herrera, se ha defendido su gestión y se ha destacado el valor del proyecto para el desarrollo local y la protección del medio ambiente. La presidenta nacional del FRVS, Flavia Torrealba, aseguró que fue “el rey Carlos III (quien) le sugiere avanzar en un proyecto en Chile” y que Herrera actuó “con toda la buena fe del mundo” para traer una iniciativa innovadora al país.
Hasta el momento, ni la Cancillería ni el gobierno se han pronunciado oficialmente sobre el caso, pero se espera que se tomen medidas disciplinarias contra Herrera y se revisen los protocolos internos para evitar situaciones similares en el futuro.
