En una reciente comparecencia ante la Comisión de Educación de la Cámara Baja, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó nuevos antecedentes sobre las implicaciones de condonar el Crédito con Aval del Estado (CAE). A pesar de que una reforma constitucional que buscaba extinguir las deudas del CAE fue rechazada en la Comisión con seis votos en contra, uno a favor y cinco abstenciones, la discusión sobre el tema sigue en el centro del debate parlamentario.
Marcel reveló que, actualmente, hay 818 mil personas en etapa de pago del CAE, de las cuales 631 mil son egresados y 187 mil son desertores. En este contexto, el ministro advirtió que, de prosperar la iniciativa de condonar estas deudas, el Estado chileno se expondría a demandas tanto a nivel nacional como internacional por presunta vulneración del derecho de propiedad.
Según datos proporcionados por el ministro, el costo de una eventual condonación del CAE ascendería a 5,4 billones de pesos, lo que equivale al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Esta suma sería el resultado de la exención de la deuda de los beneficiarios del CAE, lo que a su vez afectaría la solvencia de la banca y aumentaría el riesgo de los ahorros de las personas.
El reporte de prensa de la Cámara de Diputadas y Diputados también detalló que la tasa de pago al día del CAE es del 46%, mientras que el 54% está en morosidad. Además, se encontró que las deudas son mayores en aquellos que no completaron sus estudios en comparación con los egresados.
El ministro Marcel insistió en que la condonación del CAE es una materia de exclusiva iniciativa presidencial, pero aseguró que no se busca poner fin al programa. En cambio, se está trabajando en una mesa técnica para desarrollar un nuevo sistema de financiamiento y un plan de repactación justa y progresiva de las deudas.
Por su parte, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, informó que entre el 63% y 77% de los deudores del CAE ganan menos de un millón de pesos, lo que pone de relieve la difícil situación económica de muchos de ellos.
En este contexto, el Gobierno se muestra dispuesto a avanzar de manera justa y responsable, incluyendo a los parlamentarios en la mesa de trabajo para encontrar una solución que beneficie a los afectados sin comprometer la estabilidad económica y financiera del país. La discusión sobre el futuro del CAE y su financiamiento sigue siendo un tema clave en la agenda política chilena.
