La Cámara de Diputados de Chile ha aprobado una nueva ley que ha generado un gran debate en el país. Esta normativa, que busca abordar el creciente problema de las ocupaciones ilegales de terrenos, ha sido calificada por el gobierno como «populismo penal», y aunque ha sido aprobada en general, el gobierno ha dejado en claro que no la promulgará en su forma actual.
Contexto de la nueva ley
La ley de usurpaciones ha sido largamente esperada en Chile debido al aumento de ocupaciones ilegales de terrenos en diferentes partes del país. Esta normativa tiene como objetivo tipificar la ocupación ilegal como delito, imponiendo penas de cárcel a quienes participen en dichas ocupaciones, ya sea con o sin violencia. El gobierno considera necesario abordar esta cuestión, especialmente en áreas donde se ha detectado un negocio ilícito detrás de algunas ocupaciones, como en el norte y el sur de Chile, y en donde el encarecimiento de la vivienda y los arriendos han llevado a la creación de numerosos campamentos.
La postura del gobierno
A pesar de su interés en abordar el problema de las ocupaciones ilegales, el gobierno ha expresado su desacuerdo con un aspecto específico de la ley: la legítima defensa privilegiada de los propietarios y la detención ciudadana en cualquier momento por el que se extienda la toma. En esencia, se propone que los dueños de terrenos tengan el derecho de actuar con un grupo de personas para expulsar a los usurpadores. El gobierno intentó modificar este punto a través de indicaciones, pero estas no fueron aceptadas y el proyecto avanzó en su forma original.
Debate en la Cámara de Diputados
El debate sobre esta ley en la Cámara de Diputados fue intenso. Hubo votos en contra por parte del oficialismo, incluido el diputado Cristián Araya del Partido Republicano, quien afirmó que esta ley protegía las tomas ilegales y que el restablecimiento del estado de derecho era fundamental para enfrentar la crisis de seguridad en Chile.
El diputado Diego Ibáñez, presidente del partido oficialista Convergencia Social, respondió de manera enérgica a las críticas, comparando la situación con un duelo y calificando la ley como un «retroceso civil». Este intercambio de opiniones refleja las diferencias en la percepción de la ley entre los diferentes sectores políticos.
La ministra del Interior y el «populismo penal»
La ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su desacuerdo con la ley en su forma actual. Señaló que el gobierno no permitirá la promulgación de una ley que incluya la norma sobre legítima defensa privilegiada de los propietarios y detención ciudadana. La ministra considera que esta ley iguala situaciones donde se amenaza, intimida o se realiza violencia a personas con ocupaciones más pacíficas, lo que califica como «populismo penal».
Tohá también destacó la necesidad de discutir un cambio en la ley que sea más adecuado para abordar la complejidad del problema de las ocupaciones ilegales sin caer en excesos que puedan generar problemas mayores.
La nueva ley de usurpaciones en Chile ha generado una polémica significativa debido a sus disposiciones sobre la legítima defensa de los propietarios y la detención ciudadana. Aunque ha sido aprobada en general por la Cámara de Diputados, el gobierno ha dejado claro que no la promulgará en su forma actual. La postura del gobierno, los debates en el Congreso y las opiniones divergentes sobre esta ley reflejan la complejidad del problema de las ocupaciones ilegales de terrenos en el país. Se espera que se continúen las discusiones y modificaciones para lograr una normativa que aborde eficazmente esta problemática sin caer en excesos.
