En Santiago, Chile – La impactante noticia de que Miguel Krassnoff, exmilitar chileno condenado por asesinar y torturar a cerca de un centenar de ciudadanos durante la dictadura militar, podría quedar en libertad ha conmocionado a la sociedad chilena. Esta polémica posibilidad se desencadenó tras la introducción de una enmienda, presentada por representantes del partido Republicano, en el proyecto de la nueva Constitución.
Miguel Krassnoff, de 77 años de edad, fue uno de los altos mandos del régimen militar liderado por Augusto Pinochet. Durante los años de la dictadura, se le responsabilizó de numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, que dejaron una dolorosa huella en la memoria colectiva del país.
En un juicio histórico en 2008, Krassnoff fue condenado a más de mil años de prisión por su participación directa en los crímenes perpetrados por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida agencia de inteligencia de la dictadura. Su sentencia se consideró una victoria para las víctimas y los defensores de los derechos humanos en Chile.
Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado con la nueva Constitución. La enmienda propuesta por los republicanos establece que aquellos condenados mayores de 75 años, con sentencias superiores a cierta cantidad de años de cárcel, pueden solicitar revisión de su condena por razones humanitarias y avanzada edad. La disposición ha abierto el debate sobre la posibilidad de otorgar la libertad a criminales de lesa humanidad, entre ellos, Miguel Krassnoff.
Organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad chilena han manifestado su rechazo ante esta enmienda, argumentando que conceder la libertad a un criminal con un historial tan atroz sería una afrenta a la justicia y una negación del sufrimiento de las víctimas y sus familias.
La discusión en torno a la enmienda está lejos de concluir, y se espera que la Asamblea Constituyente debata profundamente sobre el tema antes de la redacción final de la nueva Constitución. Mientras tanto, las manifestaciones y el activismo continúan, impulsando una lucha incansable por la justicia y la memoria histórica en Chile.
