La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de España ha impuesto una multa histórica de $216 millones de dólares a dos de las mayores empresas tecnológicas del mundo: Amazon y Apple. La sanción se deriva de la implementación de políticas que perjudicaron a la competencia de forma deliberada durante varios años.
Las autoridades españolas descubrieron que en 2018, ambas compañías habían suscrito un acuerdo que permitía a Amazon convertirse en distribuidor autorizado de productos Apple. Sin embargo, este acuerdo contenía cláusulas que violaban las leyes de competencia, lo que llevó a la imposición de la multa. En concreto, las empresas limitaron injustificadamente el número de revendedores de productos Apple en la plataforma de Amazon en España, lo que restringía la competencia y dificultaba el acceso de otros vendedores al mercado.
Además, Apple y Amazon acordaron limitar los espacios publicitarios donde se podían anunciar productos competidores de Apple en la web de Amazon en España. Esta acción reforzó aún más la posición dominante de los productos de Apple en la plataforma y dificultó la visibilidad y promoción de otros productos similares de marcas competidoras.
Otra práctica que se encontró y que va en contra de las leyes de competencia, fue la limitación de la posibilidad de que Amazon llevara a cabo campañas de marketing dirigidas a los clientes de productos Apple en su sitio web en España, con el objetivo de ofrecerles productos de otras marcas competidoras. Esta acción se considera perjudicial para la competencia, ya que restringe las opciones disponibles para los clientes y favorece injustamente a los productos de Apple.
La CNMC destacó la gravedad de estas acciones llevadas a cabo por Apple y Amazon, ya que impactaron negativamente en la competencia dentro del mercado español de dispositivos tecnológicos y productos relacionados. Estas prácticas restringen la libre elección de los consumidores y dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado.
Con esta multa ejemplar, la CNMC busca asegurar que las empresas actúen en cumplimiento con las leyes de competencia, garantizando un entorno justo y equitativo para todos los actores del mercado y fomentando así una mayor competencia y beneficios para los consumidores en España.
